sábado, 2 de noviembre de 2013

Delincuencia y Poder Político


 

En el siglo XIX, Carlos Marx afirmó que los gobiernos no son más que los consejos administrativos de las clases dominantes de una sociedad (en nuestro tiempo, la Burguesía). Y la función de estos gobiernos, antes que la realización del Bien Común o de la Justicia, es más bien amortiguar los choques violentos entre las clases antagónicas que coexisten al interior de las sociedades; mantener cierto “orden”, que es el que conviene a las clases dominantes. Aún en nuestros días no es esto algo ajeno a la realidad que vivimos: nuestros gobiernos sirven en sus acciones a unos y organizan la explotación de otros.

Pero hay algunas características en nuestros actuales gobiernos que despiertan una mayor indignación que la ya mencionada condición histórica de toda sociedad dividida en clases: que los gobiernos sirvan a intereses delincuenciales. El servicio del gobierno a una clase social puede ser hasta conveniente si esta expresa en su existir ideales de perfeccionamiento humano, como lo han sido en la historia todas las clases en ascenso económico, político y cultural. Pero, ¿por qué habría de convenir a quienes ejercen una hegemonía política el contubernio entre gobierno y delincuentes? ¿No son estos últimos, por definición, contrarios al orden legal que garantiza la existencia de una sociedad capitalista? ¿Cómo explicar entonces que haya surgido este contubernio? Trataré enseguida de formular algunas hipótesis.

Es, quizás, Juan Jacobo Rousseau el primero en exponer explícitamente una definición de la corrupción política. En su obra “El contrato social”, escrito en 1762, el pensador ginebrino señala lo siguiente: “Así como la voluntad particular obra sin cesar contra la voluntad general, así el gobierno se esfuerza continuamente contra la soberanía”. Cada individuo es, a la vez, un ciudadano. En cuanto lleva en sí el deber de las normas civiles, y es fiel a ellas en sus acciones, es un ciudadano; pero también es un individuo con intereses propios, incluso egoístas, y estos intereses luchan siempre contra el interés general o bien común expresado en las leyes de la sociedad. Igualmente, quienes conforman el gobierno, aunque con una mayor responsabilidad de cumplir con la ley, son individuos de la misma naturaleza, susceptibles de salirse del cauce de lo legal. Así, Rousseau coloca en el mismo plano al delincuente y al político corrupto.

Según lo anterior no es de sorprenderse que un político corrupto se alíe con delincuentes civiles, siendo ambos individuos quebrantadores de la legalidad. Lo que sí sorprende es que se establezca este contubernio delincuencia-poder para crear prácticamente una forma clandestina de actividad económica que compite lo mismo con las actividades industriales y comerciales, que con el sector primario. Y lo más indignante es el tipo de mercancía que presumen estos “nuevos burgueses”: la vida humana. Como si arribaramos a una especie de “neoesclavismo”. El secuestro y la extorsión, la trata de personas, la prostitución, la administración de la pobreza y la compra de votos son sólo algunos de los nuevos negocios que han despuntado dentro del mercado mexicano. En todos ellos, como es evidente, hay un atentado contra la dignidad humana.

Parece que la corrupción política (y su impunidad) es un factor determinante para la proliferación de estas actividades delictivas y, sin embargo, no es el único factor. A menos que en el futuro próximo se quiera legislar la esclavitud humana o hagamos valer nuestras leyes actuales, seguiremos viviendo esta contradicción profunda entre la práctica del poder político en México y la esencia de una sociedad liberal, cuyo fin sea el desarrollo económico y socio-cultural. Pero para hacer valer nuestras leyes es preciso: primero, que éstas sean realmente expresión de la voluntad de los ciudadanos, que verdaderamente sirvan a las necesidades nacionales; y segundo, que haya instituciones fuertes que eviten su transgresión. Y ambas cosas exigen la participación activa de los ciudadanos.

De lo anterior se deduce otro factor primordial de la alianza delincuencia-poder: la ausencia de un sujeto histórico-social que ofrezca un proyecto de desarrollo nacional, la ausencia de una verdadera burguesía mexicana que dirija el país. Lo que se tiene es una clase parasitaria del erario público que, cuando no actúa según su propio interés, está sometida a otros intereses particulares (civiles) que no significan desarrollo o, en el peor de los casos, está sometida a intereses extranjeros. Y lo que han creado todos estos “sujetos sociales” es un caos en México. Ninguno de ellos sirve como clase dirigente ni puede sostener una hegemonía política real, es decir, duradera, estable. Es cuestión de tiempo para que sucumban y pasen al “basurero de la historia”, pero ese no es el problema, sino quién los ha de sustituir. 
 
El esfuerzo de los pocos y verdaderos ciudadanos mexicanos debe encaminarse primero hacia la consolidación de una independencia económica, es decir, hacia la ruptura de todo lo que nos hace dependientes de las potencias trasnacionales. Generar una industria nacional en todos los sectores posibles. Paralelamente a ello es necesario que se conforme una cultura del trabajo y de la creatividad, que se plasmen en el lenguaje y en la actividad práctica los ideales nacionales. Esta es una labor pedagógica, aunque tenga que realizarse fuera del ámbito de la escuela o de la universidad. Si la ciudadanía mexicana logra conquistar de este modo sus propios espacios, organizada en unidad identitaria, obtendrá por añadidura el poder político o estará más cerca de ello. Esperando que entonces triunfe la dignidad humana.

Versión en video: Delincuencia y Poder Político (youtube).

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