sábado, 6 de abril de 2013

¿Y la corrupción qué, Sr. Presidente?






En este inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto se ha vuelto muy frecuente oír sobre las reformas constitucionales planteadas en el “Pacto por México”. Todas esas propuestas de reforma pretenden, según sus exponentes, la transformación del país a través de la resolución de los problemas más delicados que se padecen: la cuestión educativa, la de las telecomunicaciones, de seguridad, entre otras. Sin embargo, se olvida que detrás de todos esos problemas hay un común denominador: la corrupción. Y creo que no se ha enfatizado la importancia primordial de este tema.



Un concepto de corrupción.

El pensador ginebrino Juan Jacobo Rousseau, en su libro El contrato social, ofrece a mi parecer un principio genético de ese fenómeno sociocultural llamado corrupción: “Así como la voluntad particular obra sin cesar contra la general, así el gobierno ejerce un contínuo esfuerzo contra la soberanía”. Entendiendo esta última como la voluntad general o el Bien Común de la sociedad, y entendiendo al gobierno sólo como un órgano dentro del cuerpo social, que sirve de medio para su bienestar. La corrupción del gobierno o de sus instituciones consiste en la inversión de esta relación: que el gobierno (es decir, los funcionarios, grupos sociales o partidos que lo representan) sea un fin, mientras que la sociedad se vuelva un medio de que se vale el gobierno para existir y fortalecerse. “Servir a la sociedad” no significa nada para un gobierno corrupto, salvo una fórmula mediática, demagógica, que utiliza para engañar y manipular a sus gobernados.


La corrupción debería ser el primer asunto en la agenda política mexicana, pues es debido a este fenómeno sociocultural que México se encuentra al borde del colapso como estado. La corrupción que permite la existencia de monopolios en las telecomunicaciones (pues estos no se han impuesto sin la ayuda del gobierno), la de quienes siendo su función brindar seguridad a los ciudadanos transan con los delincuentes, la que por intereses particulares o de grupo margina el desarrollo de la educación, entre otras, deberían ser puntualmente señaladas como los objetivos a combatir y prevenir en el llamado “Pacto por México”, si en verdad se busca la transformación de México, como tanto se cacarea en los medios de comunicación. Pero lo cierto es que se trata de un asunto indebidamente soslayado.



Movimientos sociales.

Por otra parte, hay que decir que la imposición de los intereses personales de los servidores públicos sobre el interés colectivo también se hace posible por la poca o nula oposición de ese interés colectivo, encarnado en la sociedad misma. No hay suficientes ciudadanos que hagan valer la voluntad general frente a la tendencia corrupta, casi natural, de los gobiernos. La nuestra es una república sólo en la fachada, pues el principio democrático de la soberanía popular no se respeta ni se toma en cuenta por los gobernantes, ni se hace valer lo suficiente por parte de los ciudadanos. Es, más bien, como una especie rara de monarquía, o de aristocracia. Pero, como sea, es una mala forma de gobierno, en tanto que el Bien Común es lo último que se piensa y se valora.


Es innegable, sin embargo, la concurrencia de múltiples movimientos sociales en el México de los últimos años, todos ellos fruto de una organización más o menos efectiva de los ciudadanos. Están, por poner sólo algunos ejemplos, el movimiento estudiantil #YoSoy132, el movimiento de San Salvador Atenco, el del Sindicato Mexicano de Electricistas, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el de los maestros de la CNTE, y todos ellos responden a la necesidad de hacer frente a las acciones u omisiones del gobierno que afectan a la sociedad.


Pero, a pesar de estos movimientos sociales, el abismo que separa a los ciudadanos de sus gobernantes sigue siendo muy grande. Seguimos viendo cómo por parte del gobierno se hacen propuestas políticas carentes de un espíritu democrático, que sirven a intereses oligárquicos (nacionales y extranjeros) o del partido en el poder, en vez de a las necesidades verdaderas de México. El efecto que estos movimientos sociales pueden tener no es tanto en los gobernantes como en la misma sociedad, expandiendo la generación de una consciencia ciudadana que se atreva a exigir justicia con base en la información, el conocimiento y la organización. Este puede ser su logro más preciado, si no el de convencer u obligar a los políticos a hacer bien su trabajo. Y lamentablemente deben hacer esto ante la posibilidad de ser reprimidos violentamente en su derecho a expresarse y a protestar. La represión política, otra rama del árbol de la corrupción, como también lo es la impunidad. Basta recordar uno de los casos más recientes: el del 1o de diciembre, contra los estudiantes de #YoSoy132.


Hay casos también de organización ciudadana para combatir a la delincuencia, como el de los ciudadanos tamaulipecos que a través de las redes sociales alertan a la población sobre situaciones de riesgo en sus localidades, azotadas por la violencia de narcotraficantes; o el de los ciudadanos guerrerenses que han formado sus grupos de autodefensa. Ante la omisión de sus gobiernos estatales, estos ciudadanos se esfuerzan por autoconservarse con sus propios medios. Y hay que dejar en claro que no es una “debilidad” del gobierno el problema, sino su corrupción. Al hablar del estado débil comúnmente se quiere hacer creer que el estado se halla a merced de la fuerza de grupos criminales porque resulta más conveniente que revelar su complicidad, su corrupción.



La propuesta de Peña.

A fines del año pasado, ya como presidente electo, Peña Nieto presentó la propuesta de formar una “Comisión Nacional Anticorrupción”, junto con la modificación de algunos artículos de la Constitución Mexicana. Hoy día el asunto ha caído en el olvido entre los legisladores, empantanado por los mismos legisladores del PRI. Aunque, no creo que nos perdamos de nada con esta situación. La propuesta afirmaba que la comisión sería autónoma y, sin embargo, sus miembros tenían que ser propuestos por el Presidente de la República. ¿Dónde está la autonomía? Más que autónoma, yo la calificaría de antidemocrática y autoritaria.


Por otro lado, el concepto de corrupción que aparece implícito en esa propuesta se limita al uso deshonesto de recursos públicos. El concepto aquí presentado, a partir de la cita ya mencionada de Rousseau, no sólo comprende ese tipo de corrupción, sino que va más allá de ella. El interés económico personal es sólo una de tantas formas que hacen olvidar al servidor público su responsabilidad social. Se trata tan sólo de la corrupción en quienes ejecutan las leyes. En general, siempre se habla muy poco o nada de la corrupción política de quienes hacen o aprueban las leyes, de los legisladores. Y es la forma de corrupción más dañina de todas, al imponer leyes injustas que sirven para golpear de manera sistemática, es decir, “legalmente”, a la ciudadanía. Aquí, los motivos no son primordialmente de orden económico ni de particulares, sino que se trata de motivos políticos de grupos sociales explotadores. Nadie habla de la corrupción en este último sentido y, por lo tanto, no se busca su prevención ni su sanción.


Como último comentario, creo que no está de más señalar que al igual que en muchas otras propuestas políticas superficiales, en esta propuesta anticorrupción se privilegian las acciones punitivas antes que las preventivas. Lo que indica a mi parecer una falta de voluntad para resolver verdaderamente, de raíz, el problema de la corrupción. Castigar es la salida más fácil, pero no ataca el problema en su origen sino que lo deja latente, esperando el momento para volverse a manifestar.



Epílogo.

La idea de corrupción expuesta aquí como la imposición de los intereses particulares a los intereses generales expresa un indicador del grado de antidemocracia de una sociedad, o bien, de su grado de autoritarismo. 


Junto a esta idea de corrupción tenemos la idea de ciudadanía. Si esta es débil, la corrupción del gobierno queda en completa libertad para desarrollarse. En la actualidad esta ciudadanía se expresa a través de los movimientos sociales y tiene el efecto principal de generar por emulación nuevos movimientos sociales, propagando el espíritu de la participación a más personas. 


Sin embargo, no ha conseguido esta misma concienciación en los funcionarios del gobierno. Es decir, que éstos actúen siempre en vista del bien general de la sociedad y no para explotar a una gran parte de ella en favor de unos cuantos. Por esto, tiene en el gobierno y las clases sociales a quienes él representa, una resistencia constante. Resistencia que ha llegado y puede llegar incluso a la represión violenta.


Si no se ha impuesto el interés general no es por falta de fuerza sino de organización, de entendimiento recíproco entre los ciudadanos que son una multitud. El poder físico de esta multitud es avasallador, aún sin más armas que sus propios cuerpos, pero está desarticulado. Es una tarea pendiente de la ciudadanía consolidar su organización.


El PRI quiere que México se mueva. Lo dice y lo manifiesta con su actitud ante la sociedad. Y tal vez logre moverlo. Para ello, la ciudadanía mexicana debe elegir la opción más digna que nos ofrece José Ingenieros en un pasaje de su libro El hombre mediocre, al escribir: “Si aspiras a ser águila, debes volar alto y mirar lejos; pero, si aspiras a ser gusano, debes renunciar al derecho de protestar por si te aplastan”.

Versión en audio:

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