En
este inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto se ha vuelto muy frecuente oír
sobre las reformas constitucionales planteadas en el “Pacto por México”. Todas
esas propuestas de reforma pretenden, según sus exponentes, la transformación
del país a través de la resolución de los problemas más delicados que se
padecen: la cuestión educativa, la de las telecomunicaciones, de seguridad, entre
otras. Sin embargo, se olvida que detrás de todos esos problemas hay un común
denominador: la corrupción. Y creo que no se ha enfatizado la importancia
primordial de este tema.
Un concepto de corrupción.
El
pensador ginebrino Juan Jacobo Rousseau, en su libro El contrato social, ofrece a mi parecer un principio genético de
ese fenómeno sociocultural llamado corrupción: “Así como la voluntad particular
obra sin cesar contra la general, así el gobierno ejerce un contínuo esfuerzo
contra la soberanía”. Entendiendo esta última como la voluntad general o el
Bien Común de la sociedad, y entendiendo al gobierno sólo como un órgano dentro
del cuerpo social, que sirve de medio para su bienestar. La corrupción del
gobierno o de sus instituciones consiste en la inversión de esta relación: que
el gobierno (es decir, los funcionarios, grupos sociales o partidos que lo
representan) sea un fin, mientras que la sociedad se vuelva un medio de que se
vale el gobierno para existir y fortalecerse. “Servir a la sociedad” no
significa nada para un gobierno corrupto, salvo una fórmula mediática,
demagógica, que utiliza para engañar y manipular a sus gobernados.
La
corrupción debería ser el primer asunto en la agenda política mexicana, pues es
debido a este fenómeno sociocultural que México se encuentra al borde del
colapso como estado. La corrupción que permite la existencia de monopolios en
las telecomunicaciones (pues estos no se han impuesto sin la ayuda del
gobierno), la de quienes siendo su función brindar seguridad a los ciudadanos
transan con los delincuentes, la que por intereses particulares o de grupo
margina el desarrollo de la educación, entre otras, deberían ser puntualmente
señaladas como los objetivos a combatir y prevenir en el llamado “Pacto por
México”, si en verdad se busca la transformación de México, como tanto se
cacarea en los medios de comunicación. Pero lo cierto es que se trata de un
asunto indebidamente soslayado.
Movimientos sociales.
Por
otra parte, hay que decir que la imposición de los intereses personales de los
servidores públicos sobre el interés colectivo también se hace posible por la
poca o nula oposición de ese interés colectivo, encarnado en la sociedad misma.
No hay suficientes ciudadanos que hagan valer la voluntad general frente a la
tendencia corrupta, casi natural, de los gobiernos. La nuestra es una república
sólo en la fachada, pues el principio democrático de la soberanía popular no se
respeta ni se toma en cuenta por los gobernantes, ni se hace valer lo
suficiente por parte de los ciudadanos. Es, más bien, como una especie rara de
monarquía, o de aristocracia. Pero, como sea, es una mala forma de gobierno, en
tanto que el Bien Común es lo último que se piensa y se valora.
Es
innegable, sin embargo, la concurrencia de múltiples movimientos sociales en el
México de los últimos años, todos ellos fruto de una organización más o menos
efectiva de los ciudadanos. Están, por poner sólo algunos ejemplos, el
movimiento estudiantil #YoSoy132, el movimiento de San Salvador Atenco, el del
Sindicato Mexicano de Electricistas, el Movimiento por la Paz con Justicia y
Dignidad, el de los maestros de la CNTE, y todos ellos responden a la necesidad
de hacer frente a las acciones u omisiones del gobierno que afectan a la
sociedad.
Pero,
a pesar de estos movimientos sociales, el abismo que separa a los ciudadanos de
sus gobernantes sigue siendo muy grande. Seguimos viendo cómo por parte del
gobierno se hacen propuestas políticas carentes de un espíritu democrático, que
sirven a intereses oligárquicos (nacionales y extranjeros) o del partido en el
poder, en vez de a las necesidades verdaderas de México. El efecto que estos
movimientos sociales pueden tener no es tanto en los gobernantes como en la
misma sociedad, expandiendo la generación de una consciencia ciudadana que se
atreva a exigir justicia con base en la información, el conocimiento y la
organización. Este puede ser su logro más preciado, si no el de convencer u
obligar a los políticos a hacer bien su trabajo. Y lamentablemente deben hacer
esto ante la posibilidad de ser reprimidos violentamente en su derecho a
expresarse y a protestar. La represión política, otra rama del árbol de la
corrupción, como también lo es la impunidad. Basta recordar uno de los casos más
recientes: el del 1o de diciembre, contra los estudiantes de
#YoSoy132.
Hay
casos también de organización ciudadana para combatir a la delincuencia, como
el de los ciudadanos tamaulipecos que a través de las redes sociales alertan a
la población sobre situaciones de riesgo en sus localidades, azotadas por la
violencia de narcotraficantes; o el de los ciudadanos guerrerenses que han
formado sus grupos de autodefensa. Ante la omisión de sus gobiernos estatales,
estos ciudadanos se esfuerzan por autoconservarse con sus propios medios. Y hay
que dejar en claro que no es una “debilidad” del gobierno el problema, sino su
corrupción. Al hablar del estado débil comúnmente se quiere hacer creer que el
estado se halla a merced de la fuerza de grupos criminales porque resulta más
conveniente que revelar su complicidad, su corrupción.
La propuesta de Peña.
A
fines del año pasado, ya como presidente electo, Peña Nieto presentó la
propuesta de formar una “Comisión Nacional Anticorrupción”, junto con la
modificación de algunos artículos de la Constitución Mexicana. Hoy día el
asunto ha caído en el olvido entre los legisladores, empantanado por los mismos
legisladores del PRI. Aunque, no creo que nos perdamos de nada con esta
situación. La propuesta afirmaba que la comisión sería autónoma y, sin embargo,
sus miembros tenían que ser propuestos por el Presidente de la República.
¿Dónde está la autonomía? Más que autónoma, yo la calificaría de
antidemocrática y autoritaria.
Por
otro lado, el concepto de corrupción que aparece implícito en esa propuesta se
limita al uso deshonesto de recursos públicos. El concepto aquí presentado, a
partir de la cita ya mencionada de Rousseau, no sólo comprende ese tipo de
corrupción, sino que va más allá de ella. El interés económico personal es sólo
una de tantas formas que hacen olvidar al servidor público su responsabilidad
social. Se trata tan sólo de la corrupción en quienes ejecutan las leyes. En
general, siempre se habla muy poco o nada de la corrupción política de quienes
hacen o aprueban las leyes, de los legisladores. Y es la forma de corrupción
más dañina de todas, al imponer leyes injustas que sirven para golpear de
manera sistemática, es decir, “legalmente”, a la ciudadanía. Aquí, los motivos no
son primordialmente de orden económico ni de particulares, sino que se trata de
motivos políticos de grupos sociales explotadores. Nadie habla de la corrupción
en este último sentido y, por lo tanto, no se busca su prevención ni su
sanción.
Como
último comentario, creo que no está de más señalar que al igual que en muchas
otras propuestas políticas superficiales, en esta propuesta anticorrupción se
privilegian las acciones punitivas antes que las preventivas. Lo que indica a
mi parecer una falta de voluntad para resolver verdaderamente, de raíz, el
problema de la corrupción. Castigar es la salida más fácil, pero no ataca el
problema en su origen sino que lo deja latente, esperando el momento para volverse
a manifestar.
Epílogo.
La
idea de corrupción expuesta aquí como la imposición de los intereses
particulares a los intereses generales expresa un indicador del grado de
antidemocracia de una sociedad, o bien, de su grado de autoritarismo.
Junto
a esta idea de corrupción tenemos la idea de ciudadanía. Si esta es débil, la
corrupción del gobierno queda en completa libertad para desarrollarse. En la
actualidad esta ciudadanía se expresa a través de los movimientos sociales y
tiene el efecto principal de generar por emulación nuevos movimientos sociales,
propagando el espíritu de la participación a más personas.
Sin
embargo, no ha conseguido esta misma concienciación en los funcionarios del
gobierno. Es decir, que éstos actúen siempre en vista del bien general de la
sociedad y no para explotar a una gran parte de ella en favor de unos cuantos. Por
esto, tiene en el gobierno y las clases sociales a quienes él representa, una resistencia
constante. Resistencia que ha llegado y puede llegar incluso a la represión violenta.
Si
no se ha impuesto el interés general no es por falta de fuerza sino de
organización, de entendimiento recíproco entre los ciudadanos que son una multitud. El poder físico de esta
multitud es avasallador, aún sin más armas que sus propios cuerpos, pero está
desarticulado. Es una tarea pendiente de la ciudadanía consolidar su
organización.
El
PRI quiere que México se mueva. Lo dice y lo manifiesta con su actitud ante la
sociedad. Y tal vez logre moverlo. Para ello, la ciudadanía mexicana debe elegir
la opción más digna que nos ofrece José Ingenieros en un pasaje de su libro El hombre mediocre, al escribir: “Si
aspiras a ser águila, debes volar alto y mirar lejos; pero, si aspiras a ser
gusano, debes renunciar al derecho de protestar por si te aplastan”.
Versión en audio:
