Mostrando entradas con la etiqueta Filosofía política. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Filosofía política. Mostrar todas las entradas

sábado, 14 de marzo de 2015

Verdad y Poder, de Michel Foucault



A continuación les comparto algunos extractos del diálogo "Verdad y Poder", entre M. Fontana y M. Foucault.

La historicidad que nos lastra y nos determina es belicosa; no es lenguaraz. Relación de poder y no relación de sentido. La historia no tiene "sentido", lo cual no quiere decir que sea absurda, o incoherente. Al contrario, es inteligible y debe poder ser analizada hasta en sus mínimos detalles: pero según la inteligibilidad de las luchas, las estrategias y las tácticas.

Tras 1968, es decir, a partir de las luchas cotidianas llevadas a cabo por la base, por los que tenían que debatirse en las mallas más finas de la red del poder. Es ahí donde apareció lo concreto del poder, y a la vez, la fecundidad verosímil de estos análisis de poder, para que nos diéramos cuenta de las cosas que habían permanecido hasta entonces fuera del campo del análisis político. Para decirlo muy simplemente, el encierro psiquiátrico, la normalización mental de los individuos, las instituciones penales, tienen sin duda una importancia bastante limitada si se busca solamente su significado económico. En cambio, son esenciales sin duda para el funcionamiento general de los engranajes del poder.

Por otro lado, hay que desembarazarse del sujeto constituyente, desembarazarse del sujeto mismo, es decir, llegar a un análisis que puede dar cuenta de la constitución misma del sujeto en su trama histórica. Es lo que yo llamaría genealogía, es decir, una forma de historia que dé cuenta de la constitución de saberes, discursos, dominios de objetos, etc., sin que deba referirse a un sujeto que sea trascendente con relación al campo de sucesos o cuya entidad vacía recorra todo el curso de la Historia.

En nuestros días, los intelectuales se han acostumbrado a trabajar, no en lo universal, lo "ejemplar", lo "justo y verdadero para nosotros", sino en sectores determinados, en puntos precisos en los que les sitúan sus condiciones de trabajo, o sus condiciones de vida (la vivienda, el hospital, el asilo, el laboratorio, la universidad, las relaciones familiares o sexuales). Han ganado con ello, sin duda, una conciencia mucho más concreta e inmediata de las luchas.

Desde el momento en que la politización se opera a partir de la actividad específica de cada cual, el umbral de la escritura como marca sacralizante del intelectual desaparece y pueden producirse entonces lazos transversales de saber a saber, de un punto de politización a otro: así los magistrados y los psiquiatras, los médicos y los trabajadores sociales, los trabajadores de laboratorio y los sociólogos, pueden cada uno en su lugar propio y por vía de cambios y apoyos, participar en una politización global de los intelectuales. 


 El  intelectual "universal" deriva del jurista notable, y encuentra su expresión más plena en el escritor portador de significado y valores en los que todos pueden reconocerse. El intelectual "específico" deriva de una figura distinta, no ya del "jurista-notable", sino del "sabio-experto". 

El intelectual específico se encuentra con obstáculos y se expone a unos peligros. Peligro de quedar inmerso en luchas de coyuntura, en reivindicaciones sectoriales. Riesgo de dejarse manipular por los partidos políticos o por los aparatos sindicales que conducen estas luchas locales. Riesgo sobre todo de no poder desarrollar estas luchas por falta de una estrategia global y de apoyos exteriores. Riesgo también de no ser seguido o de serlo solamente por grupos muy limitados.

Lo importante, creo, es que la verdad no está fuera del poder ni sin poder. La verdad es de este mundo; se produce en él gracias a múltiples coacciones. Y detenta en él efectos regulados de poder. Cada sociedad tiene un régimen de verdad, su "política general" de la verdad: es decir, los tipos de discurso que acoge y hace funcionar como verdaderos o falsos, el modo cómo se sancionan unos y otros; las técnicas y los procedimientos que están valorizados para la obtención de la verdad; el estatuto de quienes están a cargo de decir lo que funciona como verdadero.

La "verdad" está centrada sobre la forma del discurso científico y sobre las instituciones que lo producen; está sometida a una constante incitación económica y política (necesidad de verdad tanto para la producción económica como para el poder político); es objeto, bajo diversas formas, de una inmensa difusión y consumo (circula en aparatos de educación o de información cuya extensión es relativamente amplia en el cuerpo social, a pesar de algunas limitaciones estrictas); es producida y transmitida bajo el control no exclusivo pero dominante de algunos grandes aparatos políticos o económicos (universidad, ejército, escritura, media); finalmente, es el envite de todo un debate político y de todo un enfrentamiento social (luchas "ideológicas").

El intelectual responde a una triple especificidad: la especificidad de su posición de clase (pequeño burgués al servicio del capitalismo, intelectual "orgánico" del proletariado); la especificidad de sus condiciones de vida y de trabajo, ligadas a su condición de intelectual (su dominio de investigación, su lugar en un laboratorio, las exigencias económicas o políticas a las que se somete o contra las que se rebela, en la universidad, el hospital, etc.); finalmente, la especificidad de la política de verdad en nuestras sociedades.

Por "verdad", entender un conjunto de procedimientos regulados por la producción, la ley, la repartición, la puesta en circulación y el funcionamiento de los enunciados. La verdad está ligada circularmente a sistemas de poder que la producen y la sostienen, y a efectos de poder que induce y la prorrogan. "Régimen" de la verdad.

Fuente: 
Foucault, M. Un diálogo sobre el poder. Altaya. Barcelona. 1994.

sábado, 2 de noviembre de 2013

Delincuencia y Poder Político


 

En el siglo XIX, Carlos Marx afirmó que los gobiernos no son más que los consejos administrativos de las clases dominantes de una sociedad (en nuestro tiempo, la Burguesía). Y la función de estos gobiernos, antes que la realización del Bien Común o de la Justicia, es más bien amortiguar los choques violentos entre las clases antagónicas que coexisten al interior de las sociedades; mantener cierto “orden”, que es el que conviene a las clases dominantes. Aún en nuestros días no es esto algo ajeno a la realidad que vivimos: nuestros gobiernos sirven en sus acciones a unos y organizan la explotación de otros.

Pero hay algunas características en nuestros actuales gobiernos que despiertan una mayor indignación que la ya mencionada condición histórica de toda sociedad dividida en clases: que los gobiernos sirvan a intereses delincuenciales. El servicio del gobierno a una clase social puede ser hasta conveniente si esta expresa en su existir ideales de perfeccionamiento humano, como lo han sido en la historia todas las clases en ascenso económico, político y cultural. Pero, ¿por qué habría de convenir a quienes ejercen una hegemonía política el contubernio entre gobierno y delincuentes? ¿No son estos últimos, por definición, contrarios al orden legal que garantiza la existencia de una sociedad capitalista? ¿Cómo explicar entonces que haya surgido este contubernio? Trataré enseguida de formular algunas hipótesis.

Es, quizás, Juan Jacobo Rousseau el primero en exponer explícitamente una definición de la corrupción política. En su obra “El contrato social”, escrito en 1762, el pensador ginebrino señala lo siguiente: “Así como la voluntad particular obra sin cesar contra la voluntad general, así el gobierno se esfuerza continuamente contra la soberanía”. Cada individuo es, a la vez, un ciudadano. En cuanto lleva en sí el deber de las normas civiles, y es fiel a ellas en sus acciones, es un ciudadano; pero también es un individuo con intereses propios, incluso egoístas, y estos intereses luchan siempre contra el interés general o bien común expresado en las leyes de la sociedad. Igualmente, quienes conforman el gobierno, aunque con una mayor responsabilidad de cumplir con la ley, son individuos de la misma naturaleza, susceptibles de salirse del cauce de lo legal. Así, Rousseau coloca en el mismo plano al delincuente y al político corrupto.

Según lo anterior no es de sorprenderse que un político corrupto se alíe con delincuentes civiles, siendo ambos individuos quebrantadores de la legalidad. Lo que sí sorprende es que se establezca este contubernio delincuencia-poder para crear prácticamente una forma clandestina de actividad económica que compite lo mismo con las actividades industriales y comerciales, que con el sector primario. Y lo más indignante es el tipo de mercancía que presumen estos “nuevos burgueses”: la vida humana. Como si arribaramos a una especie de “neoesclavismo”. El secuestro y la extorsión, la trata de personas, la prostitución, la administración de la pobreza y la compra de votos son sólo algunos de los nuevos negocios que han despuntado dentro del mercado mexicano. En todos ellos, como es evidente, hay un atentado contra la dignidad humana.

Parece que la corrupción política (y su impunidad) es un factor determinante para la proliferación de estas actividades delictivas y, sin embargo, no es el único factor. A menos que en el futuro próximo se quiera legislar la esclavitud humana o hagamos valer nuestras leyes actuales, seguiremos viviendo esta contradicción profunda entre la práctica del poder político en México y la esencia de una sociedad liberal, cuyo fin sea el desarrollo económico y socio-cultural. Pero para hacer valer nuestras leyes es preciso: primero, que éstas sean realmente expresión de la voluntad de los ciudadanos, que verdaderamente sirvan a las necesidades nacionales; y segundo, que haya instituciones fuertes que eviten su transgresión. Y ambas cosas exigen la participación activa de los ciudadanos.

De lo anterior se deduce otro factor primordial de la alianza delincuencia-poder: la ausencia de un sujeto histórico-social que ofrezca un proyecto de desarrollo nacional, la ausencia de una verdadera burguesía mexicana que dirija el país. Lo que se tiene es una clase parasitaria del erario público que, cuando no actúa según su propio interés, está sometida a otros intereses particulares (civiles) que no significan desarrollo o, en el peor de los casos, está sometida a intereses extranjeros. Y lo que han creado todos estos “sujetos sociales” es un caos en México. Ninguno de ellos sirve como clase dirigente ni puede sostener una hegemonía política real, es decir, duradera, estable. Es cuestión de tiempo para que sucumban y pasen al “basurero de la historia”, pero ese no es el problema, sino quién los ha de sustituir. 
 
El esfuerzo de los pocos y verdaderos ciudadanos mexicanos debe encaminarse primero hacia la consolidación de una independencia económica, es decir, hacia la ruptura de todo lo que nos hace dependientes de las potencias trasnacionales. Generar una industria nacional en todos los sectores posibles. Paralelamente a ello es necesario que se conforme una cultura del trabajo y de la creatividad, que se plasmen en el lenguaje y en la actividad práctica los ideales nacionales. Esta es una labor pedagógica, aunque tenga que realizarse fuera del ámbito de la escuela o de la universidad. Si la ciudadanía mexicana logra conquistar de este modo sus propios espacios, organizada en unidad identitaria, obtendrá por añadidura el poder político o estará más cerca de ello. Esperando que entonces triunfe la dignidad humana.

Versión en video: Delincuencia y Poder Político (youtube).

sábado, 20 de abril de 2013

El ideal de la "Justicia"





En el pensamiento clásico griego, concretamente en Aristóteles, los conceptos éticos son a la vez de tipo político, como sucede en particular con el concepto de Justicia. Promover las virtudes morales y prohibir los vicios es un asunto del Estado que se atiende a través de la promulgación de las leyes. Entendiendo aquí por virtud la cualidad de realizar acciones o actitudes personales que son acordes con la naturaleza humana y que la fortalecen, promoviendo la alegría y la felicidad. Por lo que se presupone que las leyes deben estar orientadas hacia el Bien Común. Y sólo bajo esta condición se puede decir que son justas. 

Poseer la virtud de la justicia, según Aristóteles, significa ser respetuoso de las leyes, y al hacerlo ponemos en práctica el bien de todos y no sólo un bienestar egoísta. La justicia es por esto "el compendio de todas las virtudes", o "la virtud más perfecta". Sin embargo, ¿no es más perfecta la acción de crear una norma que la de seguirla simplemente? En tal caso, ¿no es más perfecta la virtud del legislador que la del ciudadano que sólo está sometido a la ley? Ciertamente, es más digno crear leyes que sólo obedecerlas.

En una sociedad realmente democrática la virtud de la justicia debe pasar por la participación popular, no sólo en la obediencia de las leyes (menos aún si éstas son injustas), sino en la creación de las propias leyes. Sólo mediante esta participación popular se estaría garantizando la fidelidad de las leyes a las necesidades sociales, porque el consenso social no puede estipular nada que sea contrario a su propia existencia.

El régimen de gobierno representativo que actualmente sufrimos en México ha dado muestras suficientes de su ineficiencia y corrupción. La injusticia en las leyes que últimamente se han establecido es grosera y cínicamente manifiesta. Por ello, cualquier reforma política debe tener en cuenta la realización de acciones que permitan la participación popular en los procesos de legislación. Disminuir un poco el abismo que separa a gobernantes y gobernados. La solución no se espera venir desde el gobierno, sino de la ciudadanía.



Versión en audio:

sábado, 6 de abril de 2013

¿Y la corrupción qué, Sr. Presidente?






En este inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto se ha vuelto muy frecuente oír sobre las reformas constitucionales planteadas en el “Pacto por México”. Todas esas propuestas de reforma pretenden, según sus exponentes, la transformación del país a través de la resolución de los problemas más delicados que se padecen: la cuestión educativa, la de las telecomunicaciones, de seguridad, entre otras. Sin embargo, se olvida que detrás de todos esos problemas hay un común denominador: la corrupción. Y creo que no se ha enfatizado la importancia primordial de este tema.



Un concepto de corrupción.

El pensador ginebrino Juan Jacobo Rousseau, en su libro El contrato social, ofrece a mi parecer un principio genético de ese fenómeno sociocultural llamado corrupción: “Así como la voluntad particular obra sin cesar contra la general, así el gobierno ejerce un contínuo esfuerzo contra la soberanía”. Entendiendo esta última como la voluntad general o el Bien Común de la sociedad, y entendiendo al gobierno sólo como un órgano dentro del cuerpo social, que sirve de medio para su bienestar. La corrupción del gobierno o de sus instituciones consiste en la inversión de esta relación: que el gobierno (es decir, los funcionarios, grupos sociales o partidos que lo representan) sea un fin, mientras que la sociedad se vuelva un medio de que se vale el gobierno para existir y fortalecerse. “Servir a la sociedad” no significa nada para un gobierno corrupto, salvo una fórmula mediática, demagógica, que utiliza para engañar y manipular a sus gobernados.


La corrupción debería ser el primer asunto en la agenda política mexicana, pues es debido a este fenómeno sociocultural que México se encuentra al borde del colapso como estado. La corrupción que permite la existencia de monopolios en las telecomunicaciones (pues estos no se han impuesto sin la ayuda del gobierno), la de quienes siendo su función brindar seguridad a los ciudadanos transan con los delincuentes, la que por intereses particulares o de grupo margina el desarrollo de la educación, entre otras, deberían ser puntualmente señaladas como los objetivos a combatir y prevenir en el llamado “Pacto por México”, si en verdad se busca la transformación de México, como tanto se cacarea en los medios de comunicación. Pero lo cierto es que se trata de un asunto indebidamente soslayado.



Movimientos sociales.

Por otra parte, hay que decir que la imposición de los intereses personales de los servidores públicos sobre el interés colectivo también se hace posible por la poca o nula oposición de ese interés colectivo, encarnado en la sociedad misma. No hay suficientes ciudadanos que hagan valer la voluntad general frente a la tendencia corrupta, casi natural, de los gobiernos. La nuestra es una república sólo en la fachada, pues el principio democrático de la soberanía popular no se respeta ni se toma en cuenta por los gobernantes, ni se hace valer lo suficiente por parte de los ciudadanos. Es, más bien, como una especie rara de monarquía, o de aristocracia. Pero, como sea, es una mala forma de gobierno, en tanto que el Bien Común es lo último que se piensa y se valora.


Es innegable, sin embargo, la concurrencia de múltiples movimientos sociales en el México de los últimos años, todos ellos fruto de una organización más o menos efectiva de los ciudadanos. Están, por poner sólo algunos ejemplos, el movimiento estudiantil #YoSoy132, el movimiento de San Salvador Atenco, el del Sindicato Mexicano de Electricistas, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el de los maestros de la CNTE, y todos ellos responden a la necesidad de hacer frente a las acciones u omisiones del gobierno que afectan a la sociedad.


Pero, a pesar de estos movimientos sociales, el abismo que separa a los ciudadanos de sus gobernantes sigue siendo muy grande. Seguimos viendo cómo por parte del gobierno se hacen propuestas políticas carentes de un espíritu democrático, que sirven a intereses oligárquicos (nacionales y extranjeros) o del partido en el poder, en vez de a las necesidades verdaderas de México. El efecto que estos movimientos sociales pueden tener no es tanto en los gobernantes como en la misma sociedad, expandiendo la generación de una consciencia ciudadana que se atreva a exigir justicia con base en la información, el conocimiento y la organización. Este puede ser su logro más preciado, si no el de convencer u obligar a los políticos a hacer bien su trabajo. Y lamentablemente deben hacer esto ante la posibilidad de ser reprimidos violentamente en su derecho a expresarse y a protestar. La represión política, otra rama del árbol de la corrupción, como también lo es la impunidad. Basta recordar uno de los casos más recientes: el del 1o de diciembre, contra los estudiantes de #YoSoy132.


Hay casos también de organización ciudadana para combatir a la delincuencia, como el de los ciudadanos tamaulipecos que a través de las redes sociales alertan a la población sobre situaciones de riesgo en sus localidades, azotadas por la violencia de narcotraficantes; o el de los ciudadanos guerrerenses que han formado sus grupos de autodefensa. Ante la omisión de sus gobiernos estatales, estos ciudadanos se esfuerzan por autoconservarse con sus propios medios. Y hay que dejar en claro que no es una “debilidad” del gobierno el problema, sino su corrupción. Al hablar del estado débil comúnmente se quiere hacer creer que el estado se halla a merced de la fuerza de grupos criminales porque resulta más conveniente que revelar su complicidad, su corrupción.



La propuesta de Peña.

A fines del año pasado, ya como presidente electo, Peña Nieto presentó la propuesta de formar una “Comisión Nacional Anticorrupción”, junto con la modificación de algunos artículos de la Constitución Mexicana. Hoy día el asunto ha caído en el olvido entre los legisladores, empantanado por los mismos legisladores del PRI. Aunque, no creo que nos perdamos de nada con esta situación. La propuesta afirmaba que la comisión sería autónoma y, sin embargo, sus miembros tenían que ser propuestos por el Presidente de la República. ¿Dónde está la autonomía? Más que autónoma, yo la calificaría de antidemocrática y autoritaria.


Por otro lado, el concepto de corrupción que aparece implícito en esa propuesta se limita al uso deshonesto de recursos públicos. El concepto aquí presentado, a partir de la cita ya mencionada de Rousseau, no sólo comprende ese tipo de corrupción, sino que va más allá de ella. El interés económico personal es sólo una de tantas formas que hacen olvidar al servidor público su responsabilidad social. Se trata tan sólo de la corrupción en quienes ejecutan las leyes. En general, siempre se habla muy poco o nada de la corrupción política de quienes hacen o aprueban las leyes, de los legisladores. Y es la forma de corrupción más dañina de todas, al imponer leyes injustas que sirven para golpear de manera sistemática, es decir, “legalmente”, a la ciudadanía. Aquí, los motivos no son primordialmente de orden económico ni de particulares, sino que se trata de motivos políticos de grupos sociales explotadores. Nadie habla de la corrupción en este último sentido y, por lo tanto, no se busca su prevención ni su sanción.


Como último comentario, creo que no está de más señalar que al igual que en muchas otras propuestas políticas superficiales, en esta propuesta anticorrupción se privilegian las acciones punitivas antes que las preventivas. Lo que indica a mi parecer una falta de voluntad para resolver verdaderamente, de raíz, el problema de la corrupción. Castigar es la salida más fácil, pero no ataca el problema en su origen sino que lo deja latente, esperando el momento para volverse a manifestar.



Epílogo.

La idea de corrupción expuesta aquí como la imposición de los intereses particulares a los intereses generales expresa un indicador del grado de antidemocracia de una sociedad, o bien, de su grado de autoritarismo. 


Junto a esta idea de corrupción tenemos la idea de ciudadanía. Si esta es débil, la corrupción del gobierno queda en completa libertad para desarrollarse. En la actualidad esta ciudadanía se expresa a través de los movimientos sociales y tiene el efecto principal de generar por emulación nuevos movimientos sociales, propagando el espíritu de la participación a más personas. 


Sin embargo, no ha conseguido esta misma concienciación en los funcionarios del gobierno. Es decir, que éstos actúen siempre en vista del bien general de la sociedad y no para explotar a una gran parte de ella en favor de unos cuantos. Por esto, tiene en el gobierno y las clases sociales a quienes él representa, una resistencia constante. Resistencia que ha llegado y puede llegar incluso a la represión violenta.


Si no se ha impuesto el interés general no es por falta de fuerza sino de organización, de entendimiento recíproco entre los ciudadanos que son una multitud. El poder físico de esta multitud es avasallador, aún sin más armas que sus propios cuerpos, pero está desarticulado. Es una tarea pendiente de la ciudadanía consolidar su organización.


El PRI quiere que México se mueva. Lo dice y lo manifiesta con su actitud ante la sociedad. Y tal vez logre moverlo. Para ello, la ciudadanía mexicana debe elegir la opción más digna que nos ofrece José Ingenieros en un pasaje de su libro El hombre mediocre, al escribir: “Si aspiras a ser águila, debes volar alto y mirar lejos; pero, si aspiras a ser gusano, debes renunciar al derecho de protestar por si te aplastan”.

Versión en audio:

domingo, 2 de septiembre de 2012

Persona y Ciudadanía en México



La situación de la violencia en México durante el sexenio del todavía presidente espurio, Felipe Calderón, no sólo pone a pensar cuál es el sentido de la persona humana, sino que lo hace en medio de una angustia inevitable. ¿Cómo es posible la muerte de casi 70 mil personas, la mayoría civiles, y la mayoría de esta mayoría ajenas a las actividades delictivas (los llamados “daños colaterales”)? ¿Cómo es posible que este presidente no manifieste ninguna contrición ante tan “inhumano” acontecimiento? ¿Por qué parece haber perdido todo valor la vida humana? 

Detenernos a reflexionar sobre estas cuestiones es algo que no se debe posponer, puesto que es muy probable que no sea un hecho casual, algo exclusivo de este sexenio, algo que va a desvanecerse cuando Calderón deje el poder. Él pudo ser el detonante, pero las condiciones para la explosión ya estaban dadas desde antes de su arribo al gobierno. El próximo gobierno de México tendrá frente a sí las mismas condiciones que han hecho posible la barbarie por la que hemos atravesado en los últimos seis años. Ellas son las raíces de la deshumanización en México, que el próximo presidente podrá intentar eliminarlas o, como lo hizo Calderón, fortalecerlas más aún.

Algunas de dichas condiciones son la pobreza, la ignorancia, la corrupción, la promoción de una cultura hedonista, consumidora y vanidosa; y todo esto, con un origen común: la ambición al dinero de una clase social parasitaria, pero capaz de reprimir a la sociedad entera en virtud de su poder político. En el fondo, nos encontramos con el modelo económico neoliberal como la causa de esta tragedia mexicana. Y los modos en que acontece la deshumanización son: la desfiguración de la persona, en lo individual, y de la ciudadanía en lo colectivo.

El valor de la persona.
¿Qué significa ser una persona? La pregunta adquiere su pertinencia al observar, por ejemplo, el fenómeno del tráfico de inmigrantes por el crimen organizado en México, como si fuera un negocio cualquiera; además de disponer de la vida de estas personas como si de ganado se tratara. Es algo vergonzoso e indignante. Igualmente, podríamos mencionar los feminicidios de Ciudad Juárez, o quienes mueren por efecto de “balas perdidas” en el fuego cruzado entre policías y delincuentes, y muchos otros casos en que las autoridades permanecen indiferentes, dejando tales crímenes en la impunidad. 

¿Quiénes son las personas? ¿Las víctimas? ¿Los victimarios? El homicidio es, quizás, la mayor afrenta a la humanidad, por lo que es algo que va contra el propio homicida, que se deforma a sí mismo en su acción para convertirse en una aberración humana, en un monstruo. Y, no obstante la inhumanidad de la acción homicida, tiene una lógica o un sentido, un motivo pasional extremo: el dinero, o algún tipo de poder que finalmente ha de retribuirles dinero. No hay una finalidad moral o de bien común en las acciones criminales, aunque organizaciones como “Los caballeros templarios” se asuman como un “grupo insurgente”. Es poco probable, por otro lado, que dichas acciones obedezcan principalmente a un mero gusto por matar seres humanos. Atribuir a la locura este problema social sería desviarnos de sus causas verdaderas e impedirnos darle una solución adecuada.

Ya en el siglo diecinueve, Marx señaló que el capitalismo es un sistema de producción que desvaloriza la vida de los trabajadores, a través de la explotación laboral; en él, es el capital quien se impone como algo vivo y con personalidad propia a los hombres, incluyendo a los mismos capitalistas, que fungen como sus agentes. El capital genera en ellos la pasión de la avaricia, así como del poder como instrumento para satisfacer aquella. Y a quienes conforman las clases desposeídas los cosifica convirtiéndolos en meras mercancías. ¿Acaso no es esto mismo lo que observamos ante la inhumana explotación de la persona en México?

La verdadera persona no debe tratarse nunca como un medio para otra cosa, sea personal o impersonal, sino que debe sernos siempre un fin en sí mismo. Pero, además, debe sobre todo respetarse lo que podríamos llamar su esencia: su voluntad libre. Esta libertad de la voluntad, sin embargo, no es algo dado de por sí en la existencia humana, sino algo que se cultiva (y que se conquista), y aunque depende en cierta medida de la condición socioeconómica del sujeto, creo que depende más de su desarrollo cultural. Este tiene que ver con la asunción de ciertos valores necesarios para la existencia humana tanto como lo son el comer, el beber y la comodidad, que conciernen más que nada a lo económico. La música, la literatura, el arte en general, la historia, la filosofía, entre otros contienen dichos valores, que deben ser inculcados a los individuos a través de la educación.

Ciudadanía débil: un México sin rostro.
Al mencionar el término “ciudadanía” no pretendo referirme a algo meramente exterior a la persona, que por el solo hecho de haber nacido en México y tener 18 años, por ejemplo, ya soy un ciudadano o tengo la ciudadanía mexicana. Más bien me refiero a la condición política que un conjunto de personas hacen valer con la fuerza de su organización, de acuerdo al marco constitucional de la nación. En este sentido, la ciudadanía no es algo que nos llega, que cae del cielo, sino que se conquista.

En cierto modo, se puede decir que la ciudadanía requiere que dentro de la sociedad se formen verdaderas personas, esto es: seres humanos activos, con una voluntad libre. El ciudadano es la persona que siempre está al cuidado de las leyes que redundan en provecho de todas y cada una de las personas que forman la sociedad, que incluso participa en su elaboración, puesto que él mismo como persona, es el principio y fin de esas leyes. Las leyes y el estado en general deben ser entendidas como un medio para el desarrollo de la persona, y no como un fin último. 

Esta participación de los ciudadanos mexicanos es la que ha estado ausente en los últimos años, al dejar pasar acciones gubernamentales que violan la constitución (como la ley televisa, en 2006), donde el poder ejecutivo y el legislativo, no han tenido la menor resistencia de la ciudadanía.

Marx y Engels, en su “Manifiesto del Partido Comunista”, exponen las distintas etapas de la organización del proletariado, desde la mera acción individual hasta la conquista de una situación en la cual se hace capaz de disputarle el poder político a la burguesía. En esa cima de la organización proletaria se promueven no sólo valores de tipo económico, como lo haría una mera organización sindical, sino de todos los tipos que sirvan a la naturaleza humana (laicos, por supuesto): valores morales, históricos, estéticos, políticos, lingüísticos, etc. Por ello, en esta lucha se busca la conformación no sólo de un nuevo gobierno, sino de una nueva persona, a través de esa organización lograda que es la ciudadanía.

Conclusiones.
Sería ocioso entrar en la indagación de si es la persona quien define la ciudadanía o es la ciudadanía lo que posibilita la emergencia de la persona. Ambas son un reflejo de la otra, son fenómenos concomitantes. Lo que importa es ver cómo es posible su desarrollo. Y, según podemos interpretar del marxismo, esto es a través de la interacción social organizada en torno al bien común. Si el crimen se organiza, ¿podemos ser tan pesimistas para creer que el amor y la solidaridad no pueden hacer lo mismo, y con igual o mayor fuerza, en torno a la justicia? 

La deshumanización en México, manifiesta en el apogeo del crimen y la explotación, tiene su origen en que no es el ciudadano quien lleva las riendas de la vida social, sino los políticos corruptos que él mismo ha tolerado: desde el presidente de la república hasta el más insignificante político; y, junto con estos políticos, los poderes fácticos del crimen organizado, entre otros. Tiene su origen en la falta de una verdadera democracia, porque no se ha conquistado la verdadera ciudadanía. Todos somos responsables de esta tragedia nacional, no sólo el gobierno. Y antes que esperar una solución de parte de la clase política, debemos construirla con nuestras propias manos.

domingo, 5 de agosto de 2012

Juventud e Historia: #Yosoy132

Juventud e Historia.
El pensador argentino José Ingenieros dio una definición de la “juventud” con base en la capacidad individual de una persona para forjarse un ideal, y no tanto como algo que reside en los años vividos. De modo que se puede ser viejo, es decir, lo contrario al concepto de juventud de Ingenieros, aunque se tengan pocos años; o se puede ser joven, aún cuando se cuente ya con muchos de ellos. Todo depende del ánimo con que la persona busque la realización de los ideales inherentes a ella en lo individual, o correlativos a la vida colectiva; estos últimos buscará realizarlos en colaboración con otras personas tan involucradas en el ideal como él mismo lo está. 

Y por su conexión con el ideal humano, la juventud está directamente conectada con la Historia, con los cambios socio-culturales al interior de una nación. Particularmente puedo hacer mención en este momento del papel que está jugando el movimiento estudiantil #Yosoy132 como factor de presión para la democratización de los medios y otras tareas pendientes de la sociedad mexicana.  

Los cambios que exigen los estudiantes son de gran relevancia para la vida pública de México, pues se centran en los aspectos más delicados del bienestar social que han sido más golpeados por las políticas neoliberales. Su manifiesto político, expresado en los seis puntos que resumen sus exigencias es abiertamente contra el neoliberalismo mexicano: 1) democratización de medios, 2) cambio en el modelo educativo, científico y tecnológico, 3) cambio del modelo económico, 4) en el de seguridad, 5) transformación política y vinculación con los movimientos sociales y 6) el derecho universal a la salud.

La juventud del movimiento #Yosoy132 se revela en su inconformidad para seguir viviendo en un país donde no parece asomarse la menor esperanza de un mejoramiento en esos aspectos tan dañados de la vida social, en su creatividad para organizarse, y para engendrar un futuro mejor. Podría afirmarse que la Historia misma tiene su corazón, su motor principal en una tensión o lucha de sujetos antagónicos, uno de los cuales representa el pasado, la vejez de las instituciones, y otro representa el futuro, el nacimiento de nuevas posibilidades de vida nacional. Así, este movimiento estudiantil representa el futuro de México luchando contra un régimen caduco que se niega a morir.


Los futuros líderes.
Una manera muy frecuente de hacer menguar un movimiento social ha sido la de comprar a sus dirigentes (lo otro es eliminarlos, si no se dejan comprar); tomo consciencia de esto cuando leo en ciertos medios que los futuros líderes políticos han de surgir de este movimiento social. Creo que lo que debe resaltarse es que los líderes no son nada sin el movimiento social, y que se deben a él, y no al revés. Pensar en estos líderes en un futuro como políticos adheridos a las instituciones gubernamentales, francamente, me parece un panorama triste. Corresponde a un momento distinto de la acción política que es muy ajeno al que ahora están viviendo. 

Sin movimiento social no hay liderazgo, salvo, quizás, una especie de “jefatura” o cualquier otra cosa, menos liderazgo. El político desligado de las voluntades de los “gobernados” carece de juventud, porque no tiene ideales, porque tan sólo trabaja para el presente, enredado en “las reformas que el país necesita” sin tener idea de a qué país se refiere. Otro panorama sería si los políticos del futuro estuvieran siempre al pendiente de las necesidades sociales, como parecen exigir los estudiantes en su punto #5: transformación política y vinculación con los movimientos sociales. Entonces sí, y sólo entonces, sería coherente con el actuar joven de los líderes del movimiento estudiantil el actuar de los líderes políticos futuros.

No es nueva esta táctica de convocar a los dirigentes sociales a integrarse a las estructuras políticas “institucionales”. Recordemos que también al movimiento zapatista se le invitó en su momento a convertirse en un partido político. Afortunadamente, el movimiento zapatista continúa con vida como un movimiento democrático, que se alimenta de las voluntades de los ciudadanos. También podríamos mencionar algunos casos de líderes de los movimientos estudiantiles de 1968 que posteriormente han adoptado una postura reaccionaria como miembros de la clase política oficial.


Un movimiento social pacífico.
El movimiento #Yosoy132 se ha declarado como un movimiento apartidista, aunque político, y además, pacífico. Y con esta última palabra interpreto que quieren decir que no recurrirán a acciones de violencia física para lograr sus objetivos. Postura que me parece por demás prudente y adecuada. No obstante también nos plantea ciertas cuestiones que es preciso tener en consideración.

No podemos soslayar que, históricamente, las revoluciones sociales han sido revoluciones violentas. ¿Será la violencia un rasgo necesario de las revoluciones? Si así fuese, ¿no estarán en un grave error los estudiantes al pretender cambios radicales en la sociedad mexicana a partir de meras manifestaciones? ¿A qué sujetos apela #Yosoy132 en sus exigencias? ¿Al virtual ganador de las elecciones presidenciales, el PRI? Es muy poco probable que este atienda sus demandas en caso de ganar la presidencia de la república, dado su irresponsable compromiso con el neoliberalismo, con esa absoluta insensibilidad que ha mostrado hacia las necesidades de la población mexicana. La confrontación de intereses nos aparece entonces como un conflicto irreconciliable por la vía del diálogo. Se requiere de acciones que tengan consecuencias más palpables que las del mero discurso o de las manifestaciones pacíficas.

Es posible encontrar esas acciones sin caer en la violencia física, en la violencia de las armas. A pesar de que al PRI y sus representados no les queda ni un poquito de legitimidad para gobernar, agotada toda su imaginación para pactar con sus adversarios, les queda de su lado, sin embargo, todo un sistema de instituciones corruptas, la desinformación mediática y la fuerza bruta. #Yosoy132 y demás movimientos sociales cobijados bajo su nombre tienen la ardua tarea de actuar desde dentro de las instituciones para transformarlas, no sólo pedir ni esperar nada de las autoridades (que están en su derecho como lo estamos todos los ciudadanos). Sólo este tipo de acciones directas puede tener un efecto transformador. 

Los ciudadanos deben tomar con sus propias manos lo que les corresponde. Por ejemplo, si yo soy profesor y veo la necesidad de un cambio en el modelo educativo, no tengo por qué pedirlo, sino hacer los cambios necesarios en colaboración con otros profesores y hacer que estos cambios tengan un valor “oficial”; o si veo la necesidad de una reforma laboral que realmente mejore las condiciones de trabajo y no lo contrario, yo como trabajador de base miembro de un sindicato y a través de él propongo la reforma más conveniente y exijo que se haga vigente. En la vida pública de México ha faltado esta participación ciudadana y se ha dejado todo a la voluntad de los políticos, pero esto debe terminar puesto vemos que no ha servido al bien común. Exigir a los políticos que hagan bien su trabajo es sólo una parte del ejercicio democrático, la otra parte, la parte activa, está en las decisiones del ciudadano organizado en su ámbito particular de actividad.

Enlaces: