Periódico La Jornada. 11/06/2011
Alonso Urrutia, enviado y Rubén Villalpando, corrreponsal Ciudad Juárez, Chih. Las diversas organizaciones que conformaron la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad y grupos de esta urbe fronteriza firmaron la noche del viernes lo que llamaron el Pacto Nacional con Justicia y Dignidad. En su punto medular –aplaudido durante el acto público– se planteó el fin inmediato de la estrategia de guerra y la desmilitarización de las funciones policiacas, así como el regreso de los soldados a sus cuarteles.
Asimismo, demandan cancelar la Iniciativa Mérida y otros proyectos de cooperación de políticas castrenses. Paralelamente, como parte de las estrategias a seguir se planteó impulsar el juicio político a Felipe Calderón, Genaro García Luna y Javier Lozano.
Tras intensos jaloneos y discusiones sobre concepciones diferentes de los alcances de las acciones del movimiento, finalmente se firmó un acuerdo que incluyó nuevos temas, como la defensa de los derechos indígenas, la organicidad del movimiento y la reforma laboral.
Como parte de las acciones para consolidar el movimiento, se planteó la realización de una nueva caravana al sur del país para visibilizar la condición de violencia, pobreza y falta de desarrollo que prevalece en esa región nacional, si bien no se fijó la fecha para efectuarla.
Hacia las 22 horas del viernes, finalmente firmaron el pacto, entre otros, el obispo de Saltillo, Raúl Vera; el poeta Javier Sicilia; el padre Miguel Concha; Gonzalo Ituarte, ex vicario de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas; Oscar Enríquez, del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, y algunas de las víctimas. Se acordó difundir el acuerdo –para luego realizar una consulta nacional–, que incluye también la exigencia de una nueva política social para los jóvenes que les amplíe sus expectativas, los derechos indígenas y el reclamo de avances en la democracia participativa para favorecer la realización de plebiscitos, referendos y consultas populares, así como incorporar a la ley la revocación de mandato.
Pese a que hacia el final la firma del pacto tuvo lugar en el parque donde se encuentra el monumento a Benito Juárez, se conoció que hubo un segundo documento que no se hizo público, que incluía todos los temas en que hubo disensos en las mesas de trabajo. Las diferencias entre las organizaciones que signaron el documento sólo pudo resolverse mediante un esquema que considera postergar la discusión de temas relacionados con la estrategia para su aplicación, y que habría sido colocado en otro documento de pendientes de discusión.
Sin embargo, los debates –en mesas privadas– para consensuar la aplicación del plan de acción reflejaron diferencias conceptuales respecto de dos temas medulares: los términos de la desmilitarización (salida inmediata del Ejército o mediante un proceso gradual) y los términos de la relación del movimiento con Felipe Calderón.
Inútil discutir con quienes provocan la violencia
En el primer caso, para algunas organizaciones de Ciudad Juárez y la Comisión Metropolitana contra la Militarización y la Violencia es inútil dialogar con los responsables de haber desatado la violencia y, en su caso, aceptar este diálogo estaría condicionado al retiro previo y total del Ejército. De lo contrario, sólo sería legitimar la estrategia militar calderonista.
Desde otra perspectiva, el retiro de tropas debe ser paulatino, porque es riesgoso el repliegue total cuando no hay capacidad de las corporaciones policiacas para asumir en lo inmediato la lucha contra el crimen organizado, pero en todo caso la determinación de empezar ya el repliegue militar y el cambio de estrategia debe asumirse como compromiso gubernamental en el corto plazo.
El punto medular de la división fue el diálogo con Calderón, que en momentos puso al borde de la ruptura el movimiento. En principio, se intensificó la discusión, hasta que en parte se logró modificar los términos de la relación con el gobierno federal para poder subsanar las diferencias, y se acordó incluir en el documento final no sólo los consensos, como originalmente se planteó, sino también los disensos.
Acciones para aplicarlo
Por ejemplo en la mesa de trabajo denomina Raíz económica del crimen organizado se planteó, como acciones de resistencia civil, la clausura simbólica del Banco de México y sucursales bancarias, en protesta por el lavado de dinero.
En cuanto a las acciones a realizar, proponen que se convierta en ley la expropiación de empresas que se dediquen al lavado de dinero; crear una fiscalía especializada en delitos de cuello blanco; llevar a juicio político a Felipe Calderón, Genaro García Luna y Javier Lozano; un foro sobre la despenalización de la droga y fin del secreto bancario.
En cuanto a la mesa sobre desmilitarización, se planteó que sea inmediata, sin definir si esto implicaría el repliegue total o un proceso paulatino de los soldados; la revisión de la Iniciativa Mérida; eliminar la capacitación que proporcionan la FBI o algunas otras agencias internacionales
Al arrancar los trabajos de discusión del Pacto Nacional Ciudadano, el poeta Javier Sicilia reconoció que si bien Felipe Calderón es un presidente tremendamente débil, que llegó al cargo con grandes sospechas de ilegitimidad y que, evidentemente, es el principal responsable de esta guerra, no es el único; también el Congreso y los partidos que se lo han permitido.
En rueda de prensa ofrecida en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, al arrancar los encuentros, Sicilia sostuvo que el objetivo del movimiento es impulsar el Pacto Nacional Ciudadano para mandatar a los gobernantes a agilizar las reformas que requiere el país para salir de esta crítica situación creada por la guerra contra el narcotráfico.
Fuertemente cuestionado por los medios locales sobre la viabilidad de un diálogo con el gobierno, que en esta ciudad las organizaciones sociales han intentado inútilmente, el poeta reconoció que Juárez es una ciudad profundamente agraviada por las autoridades, ha habido una traición del gobierno en su actuación; recordó que el programa Todos Somos Juárez ha sido un total fracaso. Sin embargo, dijo que aunque no nos gusten las autoridades que están al frente de las instituciones, es con ellas con las que tenemos que discutir.
Al abundar en las responsabilidades de gobierno, dijo que no sólo Calderón tiene parte en esta guerra, a nivel local, claro que los gobernadores, los alcaldes y las procuradurías deberían hacer algo por reducir los niveles de impunidad e injusticia que les reclama la gente. Una justicia que reclamamos para los 40 mil muertos de esta guerra emprendida desde la administración federal, porque todas ellas son familias agraviadas, familias dolidas.
Incluso, algunos grupos amagaron con no firmar.
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